La diputada y senadora electa Camila Flores (RN) ingresó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se indaguen eventuales irregularidades en contratos de trato directo celebrados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, destinados a labores de movimiento de tierra tras el incendio que afectó a la zona.
En el oficio dirigido a la contralora Dorothy Pérez, la legisladora detalla que las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA fueron contratadas por un monto cercano a $6.725 millones, recursos destinados al arriendo de maquinaria pesada, personal y combustible. No obstante, Flores advierte que existen serios cuestionamientos respecto a la materialización de los servicios.
Según la parlamentaria, los contratos “mencionan más de 150 máquinas”, cifra que considera incompatible con la capacidad del territorio intervenido. Además, sostiene que la información recopilada indicaría que “gran parte de dicha maquinaria ni siquiera habría estado en terreno, sin registros verificables que respalden su operación”.
Flores también apunta a inconsistencias entre lo reportado por la Delegación Presidencial y el trabajo que debió ejecutarse según lo contratado. Este desfase, afirma, podría revelar un uso ineficiente o incluso irregular de los fondos públicos involucrados.
Por ello, solicita que la Contraloría investigue en profundidad la legalidad de los convenios, especialmente en materias de probidad, eficiencia y correcto uso de los recursos fiscales. “Aquí podría haber un desorden administrativo gravísimo o algo derechamente peor. El Gobierno tiene la obligación moral de aclarar por qué se pagaron montos millonarios sin que exista certeza de que el trabajo se hizo. La reconstrucción no puede ser tratada como un negocio entre cuatro paredes”, enfatizó.
La diputada añadió que “la Delegación Presidencial de Valparaíso debe responder. No vamos a permitir que, en plena tragedia, mientras miles de familias aún sufren, se juegue con la plata de todos los chilenos. Esto huele mal y la Contraloría tiene que investigarlo a fondo”.
El requerimiento busca esclarecer la ejecución de recursos destinados a las labores posteriores a la emergencia, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia en la reconstrucción son especialmente sensibles para la ciudadanía.